En su más reciente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el periodismo y las radios comunitarias de Guatemala continúan enfrentando un contexto de exclusión en el ámbito comunicacional, reflejado en restricciones legales y prácticas, así como por múltiples vulneraciones a la libertad de prensa.
“Las radios comunitarias e indígenas constituyen no solo la principal fuente de información para sus comunidades, sino también un vehículo clave para la transmisión, promoción y protección de sus lenguas, culturas y consumo local”, aseveró la CIDH en su informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala”.
Sin embargo, el organismo señaló una serie de desafíos para garantizar la pluralidad de los medios comunitarios.
La CIDH reiteró que el Estado guatemalteco aún tiene pendiente adecuar sus normativas en favor del reconocimiento de las radios comunitarias, la reserva del espectro radioeléctrico para su adecuado funcionamiento, el establecimiento de un procedimiento simplificado para la concesión de licencias y el acceso equitativo a medios, así como la prevención de la discriminación y de la concentración “indebida” en la propiedad de medios de comunicación.
Asimismo, señaló que existe un patrón de criminalización contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, escenario que también se reproduce a nivel local.
De acuerdo con el informe, la CIDH ha recibido en los últimos años información sobre la criminalización promovida por actores privados con intereses económicos y por autoridades locales contra líderes y periodistas comunitarios que denuncian los impactos sociales y ambientales de las actividades extractivas en diversos sectores, como en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, en la región nororiental de Guatemala.
Además, enfatizó casos como el de Carlos Choc, periodista comunitario indígena maya Q’eqchi’, quien desde 2017 ha sido objeto de amenazas y procesos penales por delitos como instigación a delinquir, manifestación y reunión ilícitas, y detención ilegal; acciones que estarían vinculadas con su cobertura sobre los impactos ambientales de la mina CGN-Pronico en el mismo municipio, las protestas comunitarias y el supuesto asesinato de un pescador a manos de la Policía Nacional Civil.
Entre otras vulneraciones contra la prensa comunitaria, denunciadas al organismo durante su visita in loco en 2024 por parte de organizaciones y medios de comunicación, figuran allanamientos, actos de estigmatización y amenazas de judicialización.
Añadió a ese escenario casos de criminalización, agresiones, violencia sexual y detenciones ilegales o arbitrarias en contra de mujeres periodistas y comunicadoras comunitarias, en particular aquellas que abordan temas de interés para mujeres indígenas y asuntos de relevancia local.
Por otra parte, la CIDH destacó el incumplimiento de órdenes dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución de la sentencia del caso “Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala” de 2021, lo que ha provocado la continuidad de la exclusión y la “discriminación estructural”.
Dicha sentencia se basó en la obstaculización legal que impidieron a las cuatro comunidades originarias al acceso a frecuencias radiales, sumado a la criminalización de la difusión comunitaria sin autorización y, a su vez, la falta de reconocimiento legal de los medios comunitarios y el mantenimiento de normas discriminatorias en la regulación de la radiodifusión.
“La pluralidad de medios es una garantía fundamental para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión”, exhortó la CIDH al llamar al Estado de Guatemala a mejorar las normativas y condiciones para el periodismo y las radios comunitarias.